Prólogo

Si bien el Consejo cuenta con un servicio de consulta sobre problemáticas legales a cargo del Dr. Leandro Ferreyra, que en forma gratuita orienta a los matriculados, consideramos que es importante  la difusión a través de artículos de temas puntuales relacionados con nuestro ejercicio profesional y las acciones de carácter legal que puedan surgir. Por eso le presentamos este artículo, redactado por el Dr. Nicolás Ignacio Manterola, donde nos presenta casos prácticos sobre nuestra responsabilidad civil ante la utilización de material defectuoso, cuando vendemos o brindamos servicios, así como cuando en nuestra veterinaria se producen daños ocasionados por los pacientes.

Este texto, también aporta conceptos básicos sobre nuestras responsabilidades, que no son de resultados (la cura de la dolencia), sino que nuestros actos deben regirse por las reglas técnicas que hacen al ejercicio profesional. Es decir “ no se obliga a curar al paciente, sino a prescribir las prestaciones médicas que, a su entender, sean las más apropiadas para curar al animal.” 

Ante una demanda, el veterinario debe acreditar que actuó como corresponde y que ha realizado todo cuanto estaba a su alcance y  según las reglas médicas de la veterinaria. Pero siempre debe informar a los dueños o tenedores de sus pacientes de las consecuencias posibles de la intervención que recomienda o llevará a cabo; como que  preste consentimiento por escrito.

MV Juan Carlos Sassaroli  

 

Todas las personas respondemos jurídicamente por aquello que hacemos y ponemos a disposición de otros. Pero cuando se es un profesional, como el médico veterinario, los recaudos a la hora de aplicar los conocimientos propios de la actividad1 se vuelven más exigentes porque se espera un plus de diligencia.

Hablar de la responsabilidad del médico veterinario implica adentrarse en un sinnúmero de supuestos fácticos pues, por lo general, el veterinario no sólo ejerce su actividad profesional (que habilita su título universitario) ya que también suele insertarse en el mercado como dueño de una veterinaria, controlante de un bañadero de mascotas y vendedor de medicamentos, alimentos y accesorios. Evidentemente, la responsabilidad será distinta en uno u otro caso. 

Ser responsable, en Derecho, implica hacerse cargo de una conducta que causa un daño o que puede causarlo. Todos somos responsables por nuestras acciones y, por ellas, debemos responder frente al perjudicado. 

La responsabilidad (entendida como función resarcitoria) nace del incumplimiento de una obligación consistente en realizar o abstenerse de realizar una determinada conducta que le es impuesta una persona porque así lo quiso (por ejemplo, al firmar un contrato) o porque la ley se lo exige (velar por la seguridad o abstenerse de dañar a otro). Quien debe algo es responsable por ello y, si no lo cumple, debe resarcir los daños causados y, de ser posible, cumplir coactivamente el objeto de la prestación. 

Actualmente, el Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) regula la prevención (imponiendo a todos el deber de evitar daños) y el resarcimiento (obligándonos a reparar los daños ya producidos); a su vez la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor establece la punición para sancionar las conductas antijurídicas llevadas a cabo con desinterés por los derechos ajenos. Conviene resaltar que la actuación del veterinario puede encuadrar en estos tres campos, según cómo se haya obligado. A continuación, lo veremos.  

¿Cómo actúa un veterinario?
A la hora de analizar la actuación del veterinario debemos diferenciar si actúa:

  • dentro de su ámbito profesional (realizando una cirugía o atendiendo clínicamente a sus pacientes) o,
  • si lo hace como un vendedor (vendiendo un alimento para mascotas) o proveedor de servicios (bañando a las mascotas).

La actuación profesional
La actividad médica veterinaria sólo puede ser ejercida por los universitarios graduados y consiste en la aplicación de los conocimientos propios de la carrera (art. 2 y 4 Ley N° 14.072) en el quehacer diario de tal actividad. Entre las tareas profesionales propias del rubro se destaca el tratamiento médico preventivo, curativo o quirúrgico, la prescripción de vacunas, medicamentos y cualquier otro tratamiento para conservar la salud en los animales.

En este contexto, el veterinario ejerce una profesión liberal, es decir, una actividad que se realiza en virtud de un título universitario (reconocido por el Estado), que se encuentra reglada por ley y que requiere inscripción en el respectivo Consejo Profesional. 

La nota característica de la profesión liberal es que su ejercicio se centra en el conocimiento y el uso del intelecto y saber del profesional. Estas actividades se suelen realizar de forma libre, personal y directa, y su remuneración se materializa en honorarios. 

En esta categoría (de profesión liberal) se encuentran englobadas las actividades del art. 4 de la Ley N° 14.072 y todas aquellas en que, para su desarrollo, sea fundamental el uso del conocimiento veterinario. Así, por ejemplo, la atención médica, la realización de cirugías, prescripción de medicamentos, análisis o tratamientos. 

Cuando recibe un paciente, el veterinario recetará las prestaciones necesarias para curarlo, pero no garantiza, bajo ningún punto de vista, la curación del animal (en otras palabras, no garantiza un resultado concreto).

De ahí que la responsabilidad en las profesiones liberales suele ser de medios y no de resultado[1]. Esto quiere decir que el veterinario no promete un objetivo determinado, sino que se compromete a poner lo mejor de sí para intentar obtener el resultado más beneficioso posible, obligándose solo a desempeñarse diligentemente bajo los parámetros de la lex artis, respetando el conjunto de reglas técnicas a que ha de ajustarse la actuación de un profesional en ejercicio de su arte u oficio. En otras palabras, no se obliga a curar al paciente, sino a prescribir las prestaciones médicas que, a su entender, sean las más apropiadas para curar al animal. 

Cuando se asume una obligación de medios, como la del ejercicio veterinario, la responsabilidad es subjetiva; y cuando se asume una obligación de resultado, la responsabilidad es objetiva. 

A grandes rasgos, la responsabilidad es subjetiva cuando, a la hora de atribuir responsabilidad, interesa el dolo o la culpa del deudor (elementos que deberá probar el acreedor); y es objetiva cuando la responsabilidad no estriba en dichos factores subjetivos, sino que se es responsable porque la ley así lo dispone (sin importar si se actuó diligentemente o no).   

La responsabilidad del veterinario, cuando actúa como profesional liberal, es de medios y subjetiva. Por lo tanto, para evaluar la responsabilidad del médico, es fundamental evaluar su diligencia a la hora de actuar.  

Entonces: ¿Qué sucede cuando algo falla y se quiere endilgar responsabilidad al veterinario?

Cuando algo falla bajo esta órbita de actuación se habla de mala praxis, es decir, del no seguimiento de la lex artis. 

Como dijimos, el veterinario, al recibir un paciente, prescribirá las prestaciones de salud que, a su entender, mejor correspondan para curar al animal. Pero no garantiza que el animal se curará. Como el veterinario es responsable de modo subjetivo y por una obligación de medios, recae sobre el cliente la carga de acreditar (en juicio) que el médico actúo con negligencia o impericia. Pero el art. 1735 CCCN también le impone al veterinario la carga de acreditar que ha actuado diligentemente y que ha realizado todo cuanto estaba a su alcance. No se exige aquí un resultado concreto (que la mascota se cure o que, luego de una cirugía, el animal salga vivo o mejore) sino el desempeño diligente de actuación según las reglas médicas de la veterinaria. 

La jurisprudencia, al respecto, sostuvo: se ha considerado por lo general que la obligación asumida por el médico no es de "resultado" (sanar al enfermo), sino de "medio” (…). Para que quede comprometida la responsabilidad del médico —en el caso del veterinario— por los hechos cometidos en el ejercicio de su profesión, el interesado debe demostrar la culpa en la realización de la atención médica prestada, la existencia del daño que le hubiere sobrevenido a causa de ese hecho y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño experimentado, y que basta que alguno de esos requisitos falle para que el profesional quede exento de responsabilidad por las consecuencias de su actividad (…). Vale decir, para que la responsabilidad del profesional quede configurada, el peticionante debe demostrar que el daño que padece sea consecuencia de un comportamiento culposo positivo u omisivo atribuible a la mala praxis de aquél, lo que exige que se vea obligado a acreditar no sólo la culpa sino también la relación de causalidad. Y ésta debe quedar establecida con un grado suficiente de certeza y verosimilitud.”[2]

En resumen, cuando el veterinario actúa aplicando sus conocimientos médicos, debe respetar los protocolos propios de su ciencia y la lex artis y no responde por un resultado concreto. A su vez, debe siempre informar a sus clientes las consecuencias posibles de la intervención que recomienda o llevará a cabo; y siempre es importante que el cliente preste consentimiento por escrito. 

El veterinario que, actuando como profesional liberal, utiliza material defectuoso
Dijimos que, cuando se actúa como profesional liberal, el factor de atribución es subjetivo y, para eximirse de responder, al médico le basta probar su diligencia. 

Pero ello no siempre es así. La regla general es la subjetividad, pero cuando en la actividad médica se usan herramientas o materiales defectuosos la situación es diferente.

Se trata de casos en donde el hecho dañoso nace a causa del material empleado por el veterinario, debido a defectos de la cosa empleada para desempeñar su actividad. Así, por ejemplo, el uso de jeringas contaminadas o dañadas.

Cuando esto sucede, la responsabilidad deja de ser subjetiva (pues el riesgo no es producto de la diligencia en el quehacer intelectual del médico) sino objetiva (producto del vicio de la cosa). Y, cuando se responde bajo los parámetros objetivos, la responsabilidad del veterinario se juzgará con prescindencia de su culpa o dolo, y sólo podrá liberarse de responder acreditando ausencia de nexo causal o que el material no estaba viciado.

El veterinario como vendedor o proveedor de servicios  
Hay veces que el veterinario no actúa como profesional médico sino como un vendedor de medicamentos, alimentos o proveedor de servicios (bañadero y peluquería). 

En estos casos la responsabilidad no es subjetiva ni de medios, sino objetiva y de resultado. Entonces, el veterinario ─como dueño del establecimiento─ asume la obligación de realizar un baño, un corte de pelo o de suministrar un alimento o medicamento en buen estado; y siempre lo hace con una obligación de seguridad que rige el vínculo jurídico entre él y su cliente. 

Bajo esta forma de actuación, el veterinario no se exonera de responsabilidad probando que actúo diligentemente (porque justamente la responsabilidad no es subjetiva, sino objetiva). Para liberarse de responsabilidad, el médico deberá probar que entre su actuación y el daño no existe relación de causalidad, acreditando, por ejemplo, la causa de un tercero por quien no deba responder, el hecho de la víctima, o un caso de fuerza mayor o caso fortuito. 

En estos casos existe una obligación de seguridad en la cual, en forma expresa o tácita, el veterinario (como dueño del establecimiento) se compromete a devolver a su cliente las cosas o bienes que le fueran entregadas, cumpliendo el fin para el cual fue contratado en las mismas condiciones en que se le entregó. 

De esta manera, si se entrega un animal para su guarda o baño, la mascota debe ser devuelta (ilesa) a su dueño. Desde ya que puede ocurrir que el animal sufra una patología y, por ejemplo, fallezca en el local veterinario, pero será tarea del médico demandado la de probar que la causa de la muerte se debió a un hecho por el cual él no debe responder (por ejemplo, por una enfermedad preexistente o por un caso fortuito). 

En un caso que llegó a instancia judicial, se condenó civilmente a un veterinario porque un perro, que había sido entregado para su baño, falleció por un paro cardiorrespiratorio y el médico no logró probar que la causa le era ajena (de hecho, la parte actora acreditó que el animal estuvo bajo los secadores largo tiempo y que ese día fue caluroso). Se sostuvo: “El veterinario al que le es entregado un animal para su limpieza y cuidado debe responder por la muerte del mismo ocurrida en su consultorio en el caso, el perro falleció debido a un paro cardiorrespiratorio, pues el fundamento de dicha obligación de responder deriva de una obligación de seguridad, de la que podrá eximirse probando la ruptura del nexo causal mediante la prueba de que el siniestro se produjo por el hecho de un tercero por quien no debe responder.”[3]

Siguiendo estos ejemplos, también se ha entendido que el veterinario que vende un cachorro a un cliente (y que a los pocos días fallece) no actúa como profesional liberal, sino como un vendedor y, por tal motivo, le es aplicable la ley de defensa del consumidor.

“El médico veterinario resulta alcanzado por la ley de defensa del consumidor si el vínculo que lo unió al cliente no estuvo relacionado con la profesión liberal en sí, sino con la compraventa de una mascota… La circunstancia de que el vendedor sea profesional en el caso, médico veterinario acrecienta su deber de informar y su responsabilidad, puesto que su calidad o profesión hace presumir su competencia en la materia.”[4] 

Los daños ocasionados por animales dentro de la veterinaria
El art. 29 de la Ordenanza N° 41831 de la Ciudad de Buenos Aires establece que el tránsito y permanencia de perros y gatos en la vía pública debe realizarse “en forma responsable mediante el empleo de rienda y pretal o collar y bozal”, siendo el primer obligado el dueño del animal. 

Ahora bien, esta norma (que tiende a la prevención) no enerva la responsabilidad del dueño del animal y, según el caso, del veterinario. En efecto, el art. 1759 CCCN establece que el daño causado por animales se rige por el art. 1757 (propio de las cosas riesgosas o viciadas) y, en consecuencia, la responsabilidad es objetiva; y según el art. 1758 CCCN, el sujeto responsable de resarcir los daños será del dueño y/o del guardián del animal.

Por ello, el dueño siempre responderá por los daños causados por el animal, se encuentre o no bajo su órbita de control (salvo perdida no voluntaria de la guardia o un supuesto de causa ajena). 

No obstante, el dueño de la veterinaria puede ser también responsable por los daños que los animales causen dentro de su local. Para ello debemos precisar algunas consideraciones que se centran en determinar si el veterinario tiene (o no) la guarda del animal. 

Según el art. 1758, el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por los animales. Ahora bien, ¿qué se entiende por “guardián”?

Es guardián quien

  • ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o
  • quien obtiene un provecho de ella.

El médico veterinario podría considerarse “guardián”, en los términos del art. 1758 CCCN cuando un animal se encuentra en su veterinaria pues obtiene un provecho económico de ello. Así, lo entienden algunos autores: “quien asume el beneficio de la tenencia del animal, debe cargar con los riesgos del beneficio (serían guardianes entonces el depositario, el comodatario, el veterinario…)”[5].

No obstante, entendemos que incluir en el concepto de guardián a todo aquel que obtiene un provecho económico puede resultar injusto en ocasiones y, por lo tanto, se debe exigir también que el sujeto tenga algún poder de mando sobre la cosa. 

En consecuencia, el veterinario sería responsable por los daños causados por los animales que se encuentran en su local siempre y cuando la guarda de su dueño le haya sido entregada a él. No obstante, la posición es dividida y podría considerarse que el veterinario es guardián conjunto con el cliente que lleva la mascota al local. 

Si se entiende que el veterinario debe responder por los daños causados por los animales que se encuentran en su negocio, será responsable concurrente junto al dueño del animal y, en su caso, junto a la persona que llevó la mascota a la veterinaria. 

La responsabilidad es concurrente, es decir, que el acreedor puede reclamar el total de la indemnización a cualquiera de los responsables y estos, una vez desinteresada la víctima, podrán iniciar acciones de repetición para intentar percibir del resto de los deudores todo o una parte de lo abonado (art. 852 inc. h CCCN). 

Se les recuerda que este Organismo asesora en forma inicial y gratuita a sus matriculados. De precisar consultar pueden hacerlo a través de: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Por Nicolás Ignacio Manterola. El autor es abogado graduado con diploma de honor en la Universidad de Belgrano y premio a la excelencia académica por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; es especialista en derecho procesal por la Universidad de Buenos Aires (título en trámite); es autor de varios artículos de doctrina sobre derecho de consumo y derecho procesal. Puede contactarse con el autor a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


[1] Siguiendo a Garay, “La "obligación de medios" es la que sólo impone aptitud o idoneidad para adoptar y cumplimentar con empeño y dedicación, aquellas diligencias o medidas que habitualmente conducen a un resultado, pero sin asegurar la obtención del mismo; en tanto que "obligación de resultados" es la que compromete concretamente un resultado determinado.” ( Garay, Oscar E., “La praxis médica: obligaciones de medios y de resultados”; Publicado en: RCyS 2005, 200, Ed. La Ley). Así, cuando se asume una obligación de medios, el deudor cumple al desplegar una conducta diligente (y, en nuestro caso, conforme la lex artis), con independencia de si se llega o no al resultado esperado. En cambio, cuando se asume una obligación de resultados, el deudor cumple y se libera sólo cuando produce el objetivo debido.  
[2] CNCiv., Sala E, “Petraglia, Sandra Lorena c. Ostel Obra Social del Personal de Telecomunicaciones y otros/ daños y perjuicios - resp. prof. médicos y aux” del 30/09/2011; Cita Online: AR/JUR/62569/2011
[3] Cámara de apelaciones en lo civil y comercial de 2A Nominación de Córdoba; “Ontiveros, Karina c. Seita, Néstor D.”; 11/04/2002; Cita Online: AR/JUR/580/2002
[4] Cám.CAF, Sala II; “Poggi, José M. v. Secretaría de Comercio e Inversiones”; 06/05/1999; Cita Online: 20002792
[5] Alterini, Jorge Horacio; “Código Civil y Comercial: tratado exegético”, 3a ed., Tomo VIII; Editorial: La Ley

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